Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de valores correspondientes a entidades admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil.
 

CUESTIÓN PLANTEADA

Dado que dicho mercado no aparece en el listado oficial de los mercados españoles, se cuestionan si sería de aplicación el plazo de 2 meses o el plazo de 1 año, anterior o posterior a la transmisión, a efectos de lo establecido en las letras f) y g) del apartado 5 del artículo 33 de la Ley 35/2006.

CONTESTACION COMPLETA 

El artículo 33. 5, letras f) y g), de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre)establece lo siguiente:

“5. No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes:

f) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos por la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros, cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones.

g) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros, cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones”.

El Mercado Alternativo Bursátil fue autorizado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2005, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como sistema organizado de negociación, de ámbito nacional, de valores e instrumentos financieros de entidades de reducida capitalización, acciones y otros valores emitidos por instituciones de inversión colectiva y otros valores que requieran un régimen singularizado, en aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 31.4 de la Ley 24/1988, de 28 de junio, del Mercado de Valores, en su redacción vigente en la fecha del Acuerdo, sin que tenga la consideración de mercado secundario oficial de valores, tal como estos se definían en los apartados 1 y 2 del citado artículo 31.

En concreto, el artículo 31 de la Ley 24/1988, establecía en sus apartados 1, 2 y 4 lo siguiente:

“1. Son mercados secundarios oficiales de valores aquéllos que funcionen regularmente, conforme a lo prevenido en esta Ley y en sus normas de desarrollo, y, en especial, en lo referente a las condiciones de acceso, admisión a negociación, procedimientos operativos, información y publicidad.

2. Se considerarán mercados secundarios oficiales de valores los siguientes:
a) Las Bolsas de Valores.

b) El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
c) Los Mercados de Futuros y Opciones, cualquiera que sea el tipo de activo subyacente, financiero o no financiero.
d) Cualesquiera otros, de ámbito estatal, que, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado 1, se autoricen en el marco de las previsiones de esta Ley y de su normativa de desarrollo, así como aquellos, de ámbito autonómico, que autoricen las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

3. (…).

4. Sin perjuicio de lo que puedan establecer las leyes especiales, la creación de cualquier mercado o sistema organizado de negociación de valores y otros instrumentos financieros que no tengan la consideración de mercado oficial, deberá ser autorizada, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el Gobierno o, en el caso de mercados de ámbito autonómico, por la Comunidad Autónoma con competencias en la materia. (…).”

Posteriormente, la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 24 de julio, del Mercado de Valores, ha dado nueva redacción a diferentes preceptos de ésta última norma, con la finalidad de incorporar al ordenamiento español la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, entre otras.

La Directiva 2004/39/CE distingue en su artículo 4 entre mercado regulado y sistema de negociación multilateral, y en relación con los mercados regulados, en su artículo 47 establece que “cada Estado miembro elaborará una lista de los mercados regulados de los que sea Estado miembro de origen y enviará esta lista a los demás Estados miembros y a la Comisión. De forma análoga, deberá comunicarse toda modificación de la citada lista. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista de todos los mercados regulados, que actualizará al menos una vez al año”.

Esta distinción entre mercado regulado y sistema de negociación multilateral se traslada por la citada Ley 47/2007 a la Ley 24/1988, por una parte, mediante modificación del citado artículo 31, que queda íntegramente dedicado a los mercados regulados, y, por otra, mediante adición de un Título XI, dedicado a “Otros sistemas de negociación: sistemas multilaterales de negociación e internacionalización sistemática”, que contiene para estos sistemas una regulación específica distinta de la prevista para los mercados regulados.

Conforme a dicha modificación el vigente artículo 31 incorpora, en primer lugar, en su apartado 1, la definición de mercado regulado en los siguientes términos:

“1. Son mercados regulados aquellos sistemas multilaterales que permiten reunir los diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación, y que están autorizados y funcionan de forma regular, conforme a lo previsto en este Capítulo y en sus normas de desarrollo, con sujeción en todo caso, a condiciones de acceso, admisión a negociación, procedimientos operativos, información y publicidad.”

En segundo lugar, el apartado 2 del mismo artículo equipara, en el ámbito del ordenamiento español, el concepto de mercado regulado con el de mercado secundario oficial, al disponer:

“2. Los mercados regulados españoles reciben la denominación de mercados secundarios oficiales. A tales efectos, se consideran mercados secundarios oficiales de valores los siguientes:

a) Las Bolsas de Valores.
b) El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
c) Los Mercados de Futuros y Opciones, cualquiera que sea el tipo de activo subyacente, financiero o no financiero.
d) El Mercado de Renta Fija, AIAF.
e) Cualesquiera otros, de ámbito estatal, que, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado 1, se autoricen en el marco de las previsiones de esta Ley y de su normativa de desarrollo, así como aquellos, de ámbito autonómico, que autoricen las comunidades autónomas con competencia en la materia.”
En tercer lugar, el apartado 4, dando cumplimiento a la previsión del artículo 47 de la Directiva 2004/39/CE, dispone que:

“4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores mantendrá actualizada y enviará a la Comisión Europea y a los restantes Estados miembros de la Unión Europea la lista de los mercados secundarios oficiales, comunicando igualmente cualquier modificación de la lista.”

En las listas publicadas, conforme al artículo 47 de la citada Directiva, de mercados regulados, en los años 2007 y 2008, (DUOE n.º C 038 de 22/02/2007, paginas 5 a 10, y n.º C 57 de 01/03/2008, paginas 21 a 27, respectivamente) no figura incluido, en la relación de mercados regulados españoles, el Mercado Alternativo Bursátil.
Por otra parte, en el apartado VI del Preámbulo de la Ley 47/2007, dedicado a los sistemas multilaterales de negociación, se expone: “Los sistemas multilaterales de negociación tienen su antecedente en nuestro país en los mercados o sistemas organizados de negociación no oficiales reconocidos por la anterior Ley del Mercado de Valores. (…).”

Y en la disposición transitoria segunda de la Ley 47/2007 se establece la transformación de los mercados o sistemas organizados de negociación en sistemas multilaterales de negociación, conforme a lo siguiente:

“Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los sistemas o mercados organizados de negociación.

Los sistemas o mercados organizados de negociación creados al amparo del artículo 31.4 de la Ley del Mercado de Valores en la redacción dada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero y que existan a la entrada en vigor de esta Ley deberán solicitar la autorización prevista en el artículo 119 de esta Ley para transformarse en sistemas multilaterales de negociación en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Si trascurriera el plazo señalado sin haber presentado la solicitud de autorización quedará automáticamente revocada su autorización, debiendo cesar inmediatamente la actividad del mercado o sistema en cuestión.”

A la vista del precepto anterior, el Mercado Alternativo Bursátil, creado, como queda expuesto, al amparo del artículo 31.4 de la Ley del 24/1988, en su redacción anterior a la modificación efectuada por la Ley 47/2007, se encuadraría, previo cumplimiento de lo señalado en la disposición transitoria segunda transcrita, entre los sistemas multilaterales de negociación, categoría distinta de los mercados regulados o mercados secundarios oficiales definidos en el artículo 31 de la Ley 24/1988, en su redacción actualmente vigente. A esta consideración se añade el hecho de que el Mercado Alternativo Bursátil no figura, como se ha dicho, en la relación de mercados regulados publicada por la Comisión de la Unión Europea.

Por tanto, debe concluirse que el Mercado Alternativo Bursátil no tiene la consideración de mercado secundario oficial de valores definido por la Directiva 2004/39/CE a efectos de la aplicación, con carácter general, de las reglas previstas en las letras f) o g) del artículo 33.5 de la Ley 35/2006.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 
 
Consultante casado en régimen de gananciazles que adjudica una parte de una finca privativa a su cónyuge en pago de una deuda
La consultante ha prestado servicios a un cliente que le aporta un certificado que justifica la exención por las autoridades portuguesas en aplicación del Régimen diplomático, consular y de Organismos Internacionales.
Los consultantes, matrimonio residente en territorio español y de nacionalidad española, percibe (cada uno de ellos) una pensión de jubilación procedente de Reino Unido.
Donación de metálico para adquisición de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid.
La sociedad pertenece a un grupo mercantil cuya cifra de negocios supera el millón de euros. El 20 de marzo de 2009 inicia una nueva actividad, dándose de alta en el epígrafe 849.9 de la Sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) "Otros servicios independientes n.c.o.p" mediante la presentación de la declaración censal modelo 036.
 
 

 

 

 

 
     
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